Foto: COLPRENSA



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano creado en 1959 por la Organización de los Estados Americanos (OEA) para velar por la protección de los derechos humanos en América. Según la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), todos los seres humanos tienen derecho a la libertad de expresión y  asociación, y las restricciones al derecho a la protesta no deben fomentar prejuicios ni intolerancia hacia esta, ademas que es obligación del Estado proteger y facilitar el libre y pleno ejercicio de la protesta. En concreto, en un estado ideal, cualquier persona sin importar su raza, género o cualquier otra característica debería poder ejercer su derecho a la protesta sin preocupaciones de represalias, violencia  o irrespeto. En el caso de Colombia, se entiende a la protesta social como un derecho establecido en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, el cual permite a los  ciudadanos expresar ideas públicamente de manera pacífica.


Con el Paro Nacional 2021, a pesar de la pandemia del covid-19, cientos de miles de ciudadanos salieron a las calles a manifestar inconformismos y llamar la atención del Estado por el ajuste fiscal, la pobreza, la desigualdad, la informalidad laboral, el desempleo en jóvenes, los asesinatos de líderes sociales, la inseguridad y otros malestares que agobian a los colombianos. Sin embargo, aunque la protesta social debería estar protegida, el abuso policial ha sido protagonista durante todo el paro, ya que se estima que alrededor de 74 personas han sido asesinadas por civiles, la Policía Nacional de Colombia y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD)  en las manifestaciones, además que se han presentado casos de cientos de desaparecidos, asimismo, violencia sexual y de género (ataques relacionados a mujeres, niñas, comunidad LGBTI y mujeres de la fuerza publica), discriminación, entre otros. Alrededor de esto cabe destacar que el ESMAD fue creado en 1999 como decreto transitorio en medio de la guerra en Colombia  hasta que el ex presidente Alvaro Uribe lo formalizó, acción que ha sido criticada por el historial de abusos alrededor de estos escuadrones. 


Por dicha violación de los derechos humanos (destacando el derecho a la vida, la libertad de expresión, la protesta y el principio de proporcionalidad de la CADH junto con otros relacionados al uso de la fuerza)  frente al Paro nacional, la CIDH visito Colombia en el mes de junio del 2021 para evaluar el estado del conflicto social. En su trabajo se tuvieron en consideración evidencias (testimonios, y otros tipos de información como audios, videos, fotografías, registros, denuncias, información presentada por la Alcaldía de Bogotá,entre otros) recolectadas antes, durante y después de su visita al territorio nacional, además se realizaron  reuniones con funcionarios de los diferentes poderes, colectivos, gremios, periodistas y demás, dando como resultado una serie de observaciones y recomendaciones dentro de las que destacan su preocupación por la inconsistencia en las cifras registradas por las entidades del Estado frente a las informadas por la sociedad civil; lo que genera desconfianza de la ciudadanía en las autoridades nacionales.  


Asimismo, destacaron la obligación  de preservar y facilitar archivos estatales con la información de las violaciones a los derechos humanos para evitar su repetición (en relación a las cifras, el Estado mencionó que dispone del  Sistema Nacional de Información de Derechos Humanos) . También  la Comisión destacó frente a los dispositivos usados por la Policía Nacional que el uso de la fuerza pública debe seguir los lineamientos de legalidad, necesidad y proporcionalidad, ya que en situaciones complejas el uso de estos no debe ser indiscriminado sino que debe distinguir a los actores violentos de los actores que solo están ejerciendo su derecho a la manifestación. Junto a esto, expresaron su preocupación por civiles armados, armas de fuego contra manifestantes, lesiones oculares y otras agresiones, uso indiscriminado de municiones de goma y lacrimógenos, estigmatización a manifestantes, uso de tanquetas antidisturbios, y afectaciones por gases en niños y niñas que no participaban en las manifestaciones junto con puestos médicos. También advierte que los jóvenes, estudiantes, pueblos indígenas y mujeres  son los más afectados por la violencia desplegada por el Estado y la necesidad de diálogo, dado que aunque el Estado le notificó que existen 202 mesas de escucha activa con 5.273 participantes, a la ICDH se le informó sobre el incumplimiento en los acuerdos y presunta falta de voluntad. 


Sobre los cortes de ruta o bloqueos, la CIDH fue notificada de 1.937 puntos de bloqueo de vía y destacó que los manifestantes tienen la libertad de elegir la modalidad, forma y lugar para llevar a cabo la protesta pacífica. Frente a los 1.660 daños a bienes privados y los 2.158 daños a bienes públicos mencionó su preocupación especialmente por los daños al transporte público y lugares como el Palacio de Justicia de Tuluá, entre otros. Respecto al fallecimiento de 3 integrantes de la fuerza pública, incendios a CAI, 1.343 policías lesionados y  14 lesiones oculares a miembros de la fuerza pública, y los 2 bebes fallecidos, condenó todo acto de violencia y hace un llamado al Estado a esclarecer, juzgar y sancionar a los responsables. Por otra parte, respecto a las 7,020 detenciones relacionadas al Traslado por protección, la Comisión fue informada de casos donde habian irregularidades alrededor, presentándose casos de violencia e incluso tortura. Asimismo que se usa la figura como medio para disuadir la protesta. Por lo que insta al Estado a “evitar privaciones de la libertad mediante el uso arbitrario del traslado por protección”. 


Otro de los temas destacados por la CIDH fue la Jurisdicción Penal Militar, mencionando que  “ insta al Estado colombiano a que todos los casos y especialmente los relacionados con violaciones a derechos humanos por parte de la fuerza pública sean conocidos por la justicia ordinaria y no por la penal militar”. Asimismo, respecto a los desaparecidos en el marco de la protesta, celebran el mecanismo de Búsqueda Urgente pero destaca la demora en los casos reportados ( podría deberse a que muchas se catalogan como “no localizadas”  y esto demora el inicio de la investigación) y da lineamientos frente al tema. Igualmente la CIDH solicita al Estado que implemente de forma inmediata mecanismos para impedir el uso de la fuerza letal por parte de agentes estatales. También advirtió sobre la violencia basada en género y que las vulneraciones a las mujeres, niños y niñas afrodescendientes e indígenas no solo impactan en estos sino también en sus pueblos de origen, el tejido social y la sensación de impunidad. 


Dentro de las vulneraciones también destacaron aquellas a medios de comunicación y alrededor de 236 ataques a periodistas (especialmente mujeres), por lo que la comisión recomienda mayor protección por parte del Estado y hace una invitación a velar por la calidad periodística, integridad de los hechos y la información. Asimismo, la Comisión manifestó su preocupación por las facultades que se están tomando las fuerzas de seguridad en el chequeo de información (alrededor de 21.675 horas de ciberpatrullaje por parte del Estado) es decir,están calificando que se puede entender como verdadero o falso, destacando que en su mayoría son sobre la actuación de las fuerzas de seguridad, frente a esto la CIDH recomendó dejar de calificar los contenidos para así evitar incurrir en prácticas de censura.    Además que anunciaron la instalación de un “Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia” y señaló acciones que está tomando el Estado para controlar la situación. 


En conclusión, el resultado de la visita de la CIDH deja en evidencia las vulneraciones que han vivido especialmente los civiles pero también agentes estatales en materia de derechos humanos. Aunque a pesar del desfavorable informe presentado por la Comisión de Derechos Humanos existe la negativa del gobierno para implementar en su totalidad las medidas sugeridas como lo indico en una entrevista para El Tiempo, la Vicepresidenta y Canciller, Martha Lucia Ramirez. En dicha entrevista mencionó que el las autoridades colombianas y fuerza pública siguen altos estándares de derechos humanos y que no acepta la idea de separar a la Policía del Ministerio de Defensa, ni los señalamientos de la CIDH en materia de estigmatización, ni acepta los cortes de ruta o bloqueos como un medio de protesta válido, entre otros. Por otra parte frente al informe se visibiliza  el gran esfuerzo que tendrán que hacer todos los actores sociales para reparar y construir una nueva Colombia.




Fuentes: 






  • BBC NEWS. Protestas en Colombia. (2021). Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56910574





  • El Tiempo. La Vicepresidenta explica al Tiempo porque no se seguirán algunas recomendaciones de la CIDH. (2021). Recuperado de: dhttps://www.eltiempo.com/politica/gobierno/cidh-marta-lucia-ramirez-explica-por-que-no-seguiran-unas-recomendaciones-602274